Mirar esta articulo de Germán Gorraiz López, Analista Político La fuente original de este artículo es Globalization.ca en 2022 que alertaba de la Autocracia en España igual que en Francia.
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La constitución del Estado español estaría formada por las élites
financiera, comercial, política, judicial, militar, jerárquica católica,
académica y mediática del Estado español, herederas naturales del
legado del general Franco que habría engullido todas las esferas de la
sociedad. toma de decisiones (según la lectura del libro “Oligarquía
financiera y poder político en España” escrito por el ex banquero Manuel
Puerto Ducet). Estos lobbies de presión estarían interconectados por
"una alianza inquieta basada en su comunidad de intereses económicos y
fusionada por la defensa implacable del Régimen de 1978 y la unidad
indisoluble de España".
Por su parte, el extinto régimen franquista tendría como órgano de ejecución a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo como dique de contención de los recursos populares frente a la clase política parasitaria y corrupta instalada en cualquier segmento del poder a través del estatuto de apreciada (léase el casos Rato y Cifuentes), los jueces Lamela y Llarena como sus peones más importantes y el juez Marchena como sumo sacerdote de unos tribunales que estarían controlados por el llamado "clan de los políticos" según los términos del expresidente de la Audiencia Nacional. Ministro de Justicia, Ramón Trillo, distinguiéndose de la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, condecorada en su momento por la presidenta del PP de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal).
En cuanto a la causa del juicio, el juez del Tribunal Supremo Llarena sería el encargado de ordenar la prisión incondicional del vicepresidente Oriol Junqueras, los Jordis y exconsejeros de la Generalitat por presuntos delitos de sedición. En este contexto, el informe anual sobre libertades en España de Amnistía Internacional dejaba patente la "deriva autocrática" del Estado español tras señalar "violaciones del derecho de reunión pacífica, tanto en el ámbito legislativo como en la práctica policial (uso excesivo de la fuerza por 1 de octubre en Cataluña", así como "la prisión preventiva excesiva y desproporcionada de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart", procedimientos legales e internacionales para provocar el rechazo popular contra un opositor manteniendo una apariencia de legalidad. Así, hablaríamos de violaciones de las normas procesales penales tales como la falta de imparcialidad del Jurado, la violación del principio de proporcionalidad, no respetar la inmunidad política de los cargos electos así como generar impotencia, hipótesis en las que se podría incurrir Sentencia en el macrojuicio contra los líderes del procedimiento catalán y que inevitablemente terminará frente a la Tribunal Europeo de Estrasburgo.
En plena legislatura, Pedro Sánchez se habría despertado con un inesperado cisne negro que podría haber acabado con sus días de vino y rosas en la Moncloa. El término "cisne negro" se refiere a un evento inesperado e impredecible que produce consecuencias a gran escala y que solo puede explicarse a posteriori y en el caso de Sánchez, este cisne negro habría tomado la forma de una trama de espionaje secreto para derrocarlo del poder. , el llamado Catalangate. Así, según la entidad Citizen Lab con sede en Toronto (Canadá), Pere Aragonés y 62 separatistas catalanes y vascos vieron sus conversaciones móviles hackeadas en 2019 utilizando el software Pegasus de la empresa israelí NSO Group, un programa que según el diario Le Pays Habría sido comprada por el CNI por 6 millones de dólares, por lo que todo apuntaría a los Servicios Secretos como los responsables de dicho espionaje.
Esto provocó que las relaciones de ERC con el Gobierno se congelaran hasta que "el Gobierno central asuma sus responsabilidades hasta las últimas consecuencias" en palabras del presidente Pere Aragonés y unido a la desafección de Unidas Podemos tras la decisión personal de Pedro Sánchez de incrementar su aportación a La OTAN, hasta el 2%, (lo que supondría incluir en los presupuestos del Estado para 2023 una partida adicional estimada en 10.000 millones de euros), podría hacer que Sánchez se quede huérfano del apoyo parlamentario de Unidas Podemos además de los periféricos vasco y catalán grupos para la elaboración de los nuevos presupuestos y obligados a convocar elecciones anticipadas en otoño, siendo previsible la victoria de la nueva CEDA representada por el PP y Vox (tras absorber los restos de Ciudadanos).
Asimismo, si la nueva CEDA, representada por PP y Vox, ganara las elecciones, veríamos la instauración de una nueva Doctrina Autonómica que consistiría en la instauración de un Estado basado en el “café para todos” sui generis y que ser un misil sobre la línea de flotación de la supervivencia de los regímenes regionales diferenciados vasco y navarro y su capacidad de autogestión. Ello supondrá vaciar "de facto" de su contenido las competencias legislativas de los Parlamentos Forales vasco-navarros, medidas restrictivas que podrían convertir tanto al País Vasco como a Navarra en gobiernos autonómicos desvalorizados, encorsetados y sometidos a los dictados del gobierno central o constitucional . . Corte de Guardia, que podría desembocar en la apertura del Frente Norte ante el retroceso centralizador del Gobierno de Madrid.
Por su parte, el Gobierno catalán, ante la imposibilidad legal de organizar un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, relanzará el impulso con el Estado central con la declaración de la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) y esperará a la secuela puesta en marcha por el gobierno central del 155 que la hará aparecer ante los ojos del mundo como una víctima del estado totalitario español.
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